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Catalunya: el final de la cuenta atrás

Lo ilustraron de forma meridiana el presidente catalán, Carles Puigdemont, junto con el vicepresidente Junqueras y el titular de exteriores, Romeva: Catalunya no es un problema, pero España tiene un problema en Cataluña.

Efectivamente, y desde una perspectiva estatal, el proceso de independencia de Catalunya ha dejado en evidencia las enormes grietas de la democracia española, heredera del régimen del 78.

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No es ya que no conciban la independencia de Catalunya; no es ya que no observen ni la posibilidad de un referéndum acordado; no es ya que no respeten la soberanía del Parlamento de Catalunya; es que ni tan siquiera reconocen la interlocución del gobierno de Catalunya y rehuyen sentarse a hablar en una misma mesa. Así, construyen un relato en el que a partir de la consideración ilegal del referéndum, se convierte en ilegal hablar sobre él en sede parlamentaria o en cualquier espacio público. Definitivamente, lo que se detecta es que no creen en la democracia.

Sólo desde esa perspectiva se entiende que la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hiciera una llamada a la prohibición de la conferencia de los representantes del gobierno catalán porque versaba ‘sobre una ilegalidad’; y sólo así se entiende que la presidenta y la mesa del Parlamento de Catalunya estén imputados por permitir un debate parlamentario sobre el referéndum. Y qué decir de la consejera de Gobernación y su secretario general que lo están por comprar urnas!

No es en absoluto menor el avance autoritario del gobierno español y de sus socios de gobierno. Unos socios de gobierno, Ciudadanos, que querían acabar con el cupo vasco y han tenido que aceptar una rebaja de 500 millones de euros. Bien por Euskadi, sin duda. Y mal para el Lehendakari Urkullu de no estar al lado del pueblo catalán como lo hubieran estado los Lehendakaris Aguirre e Ibarretxe o el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, “Siempre con Catalunya!

No es menor porque condena la vía pactada con Madrid y demanda de la determinación del Parlamento y del Gobierno de Catalunya para mantener los compromisos políticos con su electorado, un electorado base que, masivamente y desde hace años, empujó a una clase política hacia el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Así pues, lo más destacado del momento actual es, precisamente, la demostración por activa y por pasiva, de la mayoría parlamentaria catalana, y por parte del Gobierno de Catalunya, de mantener y defender la soberanía política para ejecutar sin dilación el principal compromiso político con el referéndum que asumieron al presentarse a las elecciones del 27S, caso de Junts pel Sí, y ofrecer su apoyo al Gobierno de Catalunya, caso de la CUP.

La conferencia de los dirigentes catalanes en Madrid, el pasado 22 de mayo, debe entenderse, pues, como el último intento de negociación desde la parte catalana. De forma clara y meridiana, el presidente Puigdemont afirmó que ‘si no negocian el referéndum deberán negociar las condiciones de la independencia.’ Afirmaba, pues, que si no existe posibilidad de negociación con el Estado, Catalunya optará per la vía unilateral y, en caso de independencia, el diálogo con el Estado quedará restringido a la forma de implementarla, a negociar activos y pasivos. Nada más.

El ejecutivo de Puigdemont ha ofrecido muestras claras de que no juega a faroles, y su trayectoria demuestra el profundo compromiso con la convocatoria de referéndum. Es por ello que a corto plazo conoceremos la fecha en la que tendrá lugar la consulta y la pregunta que se presentará a las mujeres y a los hombres de Catalunya. Dos cuestiones, fecha y pregunta, que conllevan y confirman que los trámites y necesidades del referéndum están siendo estudiados con atención y preparados con diligencia.

Ante el más que previsible desbordamiento democrático que significará el referéndum cabe plantearse las posibles respuestas del Estado.

Lamentablemente, sabemos que difícilmente serán de cariz político. Es decir, que el reto político mayúsculo que plantea la sociedad de catalana no va a encontrar, en España, la debida respuesta política. Si atendemos a las respuestas recibidas hasta ahora, asumimos una cierta voluntad de obstrucción, represión y judicialización de los principales y no tan principales actores vinculados a la puesta en marcha del referéndum.

Así pues tenemos sobre la mesa un gobierno catalán dispuesto a llegar al final para ofrecer a la sociedad catalana la posibilidad de decidir su futuro político. Delante tenemos un gobierno español -con el apoyo del 71% de las Cortes españolas y con el mando de los resortes del Tribunal Constitucional- que sigue negando el cariz político de la cuestión catalana y que se esconde detrás de las togas para no asumir las propias responsabilidades.

A la suma de esas dos actitudes contrapuestas debemos añadir el hecho que el referéndum que tendrá lugar en Catalunya el próximo otoño no va a ser una nuevo 9N, la consulta que tuvo lugar el año 2014. No. Vamos a celebrar un referéndum cuyo resultado asumirá el Gobierno catalán y el Parlamento de Catalunya, será vinculante. Y si ese resultado es favorable a la independencia, al día siguiente tendrá que haber una declaración de independencia del Parlamento y se iniciarán de inmediato los mecanismos de desconexión con España y de constitución de la nueva república catalana.

Tal y como decimos en Catalunya, no hay más cera que la que arde. Tenemos claro el comportamiento de la parte catalana y ya sabemos qué no hará la parte española pero desconocemos qué va a hacer.

Al principio nos preguntábamos si podríamos hacerlo. Ahora sabemos que lo haremos e invito a hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué puede hacer el estado español para evitarlo sin traspasar los límites democráticos? Si la respuesta de la parte española atraviesa por un solo milímetro la línea roja del respeto a los principios democráticos esenciales, en ese preciso momento, Catalunya ya habrá vencido. Si no los traspasa habremos ganado también porque habrá colegios, urnas i votos. Votaremos.

Hemos demostrado, desde Catalunya, una forma y un fondo cívicos, pacíficos y democráticos que se contrapone a las respuestas autoritarias, beligerantes y predemocráticas que ofrece el Estado español.

Pese a ello, no nos moveremos ni un ápice de la ruta marcada. Lo haremos por responsabilidad política, por compromiso con la mayoría parlamentaria -eso es, con la sociedad catalana- y por absoluto convencimiento que sólo des de la política y la democracia resolveremos los conflictos políticos.

http://www.berria.eus/paperekoa/1832/020/003/2017-05-24/katalunia_atzerako_kontuaren_amaiera.htm